Justicia universal y memoria histórica en España

En este artículo analizamos la noticia de la orden de detención de 19 ex altos cargos franquistas interpuesta por la Interpol argentina el pasado 31 de octubre y explicamos cómo se ha articulado el derecho internacional en la recuperación de la memoria histórica española en los años más recientes.

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Jordi Albacete

En noviembre de 2014 la Interpol argentina pidió a España la extradición de 20 ex altos cargos de la dictadura española (1939-75). A los 20 acusados (1) se les atribuían cargos por crímenes de lesa humanidad (uno de estos ex-altos cargos era el exministro, Antonio Barrera de Irimo, quien falleció justo antes de la orden, reduciéndose la lista a 19).

La jueza argentina, María Servini de Cubría, encargó a la Interpol el arresto preventivo, entre otros, de  Rodolfo Martin Villa, antiguo ministro del interior y Utrera Molina, ex ministro de vivienda y suegro del ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón– imputado en la ejecución a garrote vil de Salvador Puig Antich en 1974. Puig Antich, anarquista catalán,  fue uno de los últimos ejecutados a muerte en la dictadura española. Otro de los acusados es

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Escena de la ejecución a Salvador Puig Antich en la película Salvador (2006).

Ley de Amnistía

El actual ministro español de Justicia, Rafael Catalá, manifestó en su día que  los arrestos serían muy improbables. Catalá argumentaba que estos delitos ya han prescrito y  que existe una ley de amnistía política que ampara a los inculpados, lo cual impide que sean juzgados en España.

Dicha ley fue aprobada dos años después del fin de la dictadura, en 1977, para condonar las penas de presos políticos y facilitar la etapa de transición hacia la democracia. Sin embargo, al mismo tiempo, la norma ha impedido la la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el franquismo y la guerra civil.

Debido a esta obstaculización de la justicia española, las familias de desaparecidos y víctimas de la guerra civil acudieron a la justicia argentina. En el país sudamericano esa ley no es aplicable y,  además, existe un tratado de extradición con España.

En diferentes ocasiones, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional solicitaron  al gobierno español la derogación de esta ley ya que no se ajustaba al derecho internacional. En  2012, con el mismo argumento esgrimido por estas organizaciones,  la Oficina del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió formalmente a España la eliminación de la ley.

Ley de Memoria Histórica

En el año 2000 se encontró una fosa común de víctimas de la guerra civil española en el Bierzo (provincia de León, en el noroeste de España).

Ese hallazgo (2) , junto a los decretos que se habían ido aprobado en años anteriores para investigar algunos crímenes del franquismo, facilitó que en el año 2004 se creara un centro de documentación.

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Fosa común en Estépar, provincia de Burgos.

Uno de los ejes de ese centro de investigación era identificar las fosas comunes, con un compromiso activo por parte del Estado para facilitar esa tarea. A pesar de la creación del nuevo centro, la ley de Amnistía de 1977 continuaba obstaculizando la depuración de responsabilidades.

En 2007, durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero  se aprobó una ley de  Memoria Histórica. Esa ley incluía el reconocimiento de todas las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista, pero no la apertura de fosas comunes en las que quedan los restos del bando republicano (resistente a la rebelión de las tropas franquistas) como habían solicitado organizaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

En las fosas comunes se encuentran más de 100.000 personas, colocando a España en el ranking mundial como el país con más desaparecidos después de Camboya, según informaba Joaquim Bosch, el portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia.

Además, a todo esto se añade una controversia sobre cómo gestionar los fondos documentales para investigar los crímenes contra el franquismo. Los Papeles de Salamanca son un fondo documental que se expropio a Cataluña durante la guerra civil y que ha sido tradicionalmente reclamado por Cataluña para poder documentar aquellas personas que fueron objeto de persecución. Actualmente este sigue siendo motivo de controversia.

La investigación del juez Garzón

[cml_media_alt id='550']Recorrida por la ESMA[/cml_media_alt]
El juez Baltasar Garzón

En 2008 Garzón empezó a elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir de la victoria franquista en la guerra civil española. Para ello, estuvo recabando información del Gobierno, la Conferencia Episcopal y varios ayuntamientos. En el mismo año Garzón instruyó la apertura de 19 fosas comunes diseminadas en todo el país (en una de ellas se supone que se encuentran los restos del  poeta Federico García Lorca).

La Fiscalía de la Audiencia Nacional consiguió inhabilitar a Garzón para que no exhumara estas fosas.  A partir de ahí se inició un proceso complejo de enjuiciamiento contra Garzón. En ese nuevo proceso participarían conjuntamente desde las instituciones jurídicas más altas del estado español, el Tribunal Supremo, como una acusación popular que representaba a grupos afines a la derecha, Manos Limpias.

En 2010, el juez Varela declaró incompetente a Garzón, y más tarde el Consejo General del Poder Judicial.  Lo cual provocó una reacción muy importante en un amplio sector de la sociedad española que buscaba reparación histórica.

Más notoria fue la proposición de la fundación José Saramago (premio Nobel de literatura) para que Baltasar Garzón fuera Premio Nobel de la Paz por su lucha en la reparación histórica a pesar de un marco legal no favorable para hacerlo.

El Tribunal Supremo absolvió a Baltasar Garzón el 27 de febrero de 2012. La sentencia dictaminó que el magistrado incurrió en un exceso interpretativo de las normas, pero al mismo tiempo el tribunal reconocía que el juez estaba tutelando a personas víctimas de una lesión constatada.

Asimismo exigía la responsabilidad de la iglesia católica en su connivencia con el régimen. Sin embargo, no tuvo en cuenta que dicha argumentación debía ajustarse al principio de legalidad recogido en el artículo 9.3 de la Constitución española.

Justicia universal en España

Mientras que en España, la ley de Amnistía obstaculizaba el encausamiento de las víctimas de la dictadura, la aplicación del derecho internacional sí que sirvió para que un juez español pudiese encausar procesos de reparación histórica en Argentina y Chile.

Garzón pidió  la orden de arresto del exdictador chileno, Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato y por crímenes de lesa humanidad en Chile, en función de la información que había aportado la Comisión chilena de la verdad.

[cml_media_alt id='552']General Augusto Pinochet con Margaret Tatcher[/cml_media_alt]
General Augusto Pinochet con Margaret Tatcher

Además, Garzón insistió en su voluntad de investigar al ex secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger por su complicidad en la instauración de las dictaduras latinoamericanas en la década de los 70 y en particular de la Operación Cóndor. En relación a esta investigación Garzón también incitó a que se encausaran los ciudadanos argentinos por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura argentina (1976-83).

Este liderazgo para encausar los crímenes de las dictaduras latinoamericanas contrastaba con el apalancamiento para poder enjuiciar los crímenes del franquismo.

La misma tarde que se declaró la incompetencia del juez Garzón para poder juzgar los crímenes españoles,  el representante de la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW), Reed Brody, denunció el “doble rasero” (3) de la Justicia española, que investigó dictaduras como las de Chile y Argentina pero ha encausado a un juez por hacer lo mismo con el franquismo.

En febrero de 2014 los ministros españoles votaron una propuesta para limitar la justicia universal. De esta manera se coartaba (4)  la competencia de los jueces en la instrucción de casos de jurisdicción internacional. Una norma que ya ha sido recurrida en diferentes ocasiones por organizaciones y partidos políticos. 

[cml_media_alt id='554']Uno de los cambios fundamentales con la aplcación de ley MH (2007) fue el cambio del nombre de calles.[/cml_media_alt]
Uno de los cambios fundamentales con la aplcación de ley MH (2007) fue el cambio del nombre de calles.

En la actualidad, diferentes organizaciones a nivel regional piden normas de ámbito territorial para el reconocimiento y la reparación de las víctimas del franquismo. Parece obvio que el silencio no puede ser la solución para una sociedad que persigue una democracia normalizada alejada de su pasado oscuro de 43 años violentos de violencia institucional.

 


Uso del castellano para personas anglófonas

(1) Acusados. Del verbo acusar. Su traducción en inglés  en este contexto es “warrant”. 

“Los acusados  se enfrentaran a penas de 30 años de prisión”.

Acusar también puede significar echar de menos (to miss someone).

“El niño acusó la ausencia de su madre mientras ella estaba de viaje”.

 (2) Hallazgo. Del verbo hallar (sinónimo de encontrar). Su traducción es “finding”. Normalmente, hallazgo se utiliza para outstanding findings.

“El hallazgo de las fosas comunes en España inició una nueva investigación internacional”.

(3) Doble rasero. “Double edge sword”. Frecuentemente se utiliza esta expresión para expresar contradicción de criterios. 

“Las nuevas medidas economicas del gobierno son de un doble rasero, mientras aplican la austeridad a las clases trabajadoras, ayudan al sector financiero”.

(4) Coartar. To limit/ to restrict. 

(5) Apalancamiento. Inactivity. 

Autor: Jordi Albacete

I am an environmental journalist. My passion for the protection of human and environmental rights has been inspired by research led journalism. My ambition is to communicate and inspire people to make positive changes in the environment. Twitter @albacetejordi or Linkedin.

Periodista medioambiental. Mi pasión por la protección de los derechos humanos y medioambientales se ha forjado a través de la investigación periodística. Mi objetivo es comunicar e inspirar a la gente para hacer cambios positivos y proteger el medioambiente. Twitter @albacetejordi o Linkedin.

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